Juan Mariano Pérez Abad | Social | El abogado murciano Ramón Jiménez ha logrado que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de Toledo declare ilegal una resolución administrativa dictada por la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, mediante la cual, el día 5 de julio de 2017, se declaró la situación de desamparo de tres menores de 7, 5 y 3 años de edad (G.M.V., I.M.V. y A.M.V.), y se suspendió la patria potestad que ejercían sus progenitores.
Los motivos alegados por la Administración para adoptar esta extraordinaria medida fueron los siguientes: unas supuestas enfermedades mentales de los padres (Arantxa Villarrubia Martín-Delgado y Paulo Jorge Marqués Simoes), una presunta ausencia de tratamiento de las enfermedades de los menores y una hipotética inestabilidad residencial de los progenitores.
Sin embargo, en el acto del juicio una psicóloga y cuatro psiquiatras —entre ellos, don Alfonso Chinchilla Moreno, presidente de la Sociedad de Psiquiatría de la Comunidad Autónoma de Madrid— acreditaron, mediante la ratificación de sus respectivos dictámenes periciales, la inexistencia de patología psiquiátrica o psicológica en ambos padres, demostrando así su buena salud mental.
Por otro lado, en cuanto a la acusación vertida por la Administración de que los progenitores no procuraban tratamiento médico a las enfermedades que padecían sus hijos, en el juicio también quedó probado que tales enfermedades eran genéticas y que la Sra. Villarrubia y el Sr. Marqués habían llevado a los tres menores a todo tipo de profesionales sanitarios, tanto del sector público como del privado (traumatólogos, pediatras, endocrinólogos, neurólogos, logopedas, fisioterapeutas, etc.).
Finalmente, por lo que respecta a la supuesta inestabilidad residencial de los padres, el abogado demostró igualmente en el juicio que, desde el nacimiento del primogénito, la Sra. Villarrubia y el Sr. Marqués solamente habían residido en tres municipios: Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife), Mocejón (Toledo) y Madrid (donde ambos residen desde hace casi dos años); lo cual en absoluto implica una situación de desprotección de ningún menor.
Además de todo lo anterior, el abogado también acreditó que la resolución administrativa de desamparo tampoco cumplía los requisitos mínimos de forma establecidos por la ley: que la resolución se notifique a los padres en el plazo máximo de 48 horas desde su emisión y que dicha resolución contenga, de forma clara y comprensible, los motivos de la declaración del desamparo. A diferencia de lo anterior, la resolución administrativa se notificó a los padres 72 horas después de que fuese emitida y sin contener los motivos del presunto desamparo.
Ahora, tras casi dos años, los tres menores regresarán —por fin—con su verdadera familia.
- Juan Mariano Pérez Abad
Sureste Press 
Es una vergüenza y maltrato psicológico k se quiten los niños@ a la ligera como si fueran monedas de cambio !!!! Espero k la justicia se preocupe en casos como este y k se demuestre la culpabilidad de sus ptogenitores antes de quitarlos de esta manera brutal para la criatura y su madre !!!
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