ASEPUCAR presenta múltiples alegaciones contra el «tarifazo del agua», haciendo llegar las mismas, en mano, a cada concejal en ejercicio. De manera tal, que conociesen exhaustivamente los argumentos interpuestos contra la subida de tarifas. Amén de un recorrido histórico por las irregularidades político-administrativo-empresarial de los diversos equipos de gobierno y las deficiencias detectadas en el ejercicio de sus funciones, en relación a la concesionaria del servicio: HIDROGEA.
- Se adjunta el documento íntegro de dichas alegaciones, desestimadas en el pleno del pasado 12 de Septiembre, según los ediles consultados: «Por consejo de los funcionarios expertos en el tema»; quienes al parecer deciden y gobiernan Cartagena.
ASEPUCAR | MARCELO CORREA | CARTAGENA | En las listas cobratorias de 2015-2017 se detectaron unos 11.772 contratos que Hidrogea deja de declarar sus facturas, sin haber retirado el contador y cuyo importe anual supera los 5,5 millones de euros. Entregada el día 8 de junio la denuncia a la concejal de Hacienda, y esta al de Infraestructuras, parece que se les ha olvidado comprobar qué ha pasado. Un año antes se entregó al Interventor. Los técnicos municipales, todavía no han podido ver a qué es debida esa desaparición de contratos, más del 10% del padrón, pero lo importante es bajar el agua a la hostelería.
Han pasado más de 20 años desde la entrada en vigor de la Ley del Canon de Saneamiento de la CARM y todavía en las nuevas tarifas no se ha descontado la totalidad de los gastos de depuración. Como son más de 2 millones al año, serían más de 45 millones de euros lo que tendrían que devolver si se demuestra la estimación de ASEPUCAR. Como detalle anecdótico, descontaron por consumo eléctrico 728,69 €, que, una vez comprobado el gasto real por ESAMUR, pasó a ser de 724.081,39 €. El gasto de personal pasó de 62.452,00 € a 676.044,11 €. Tampoco han tenido tiempo de comprobarlo y por supuesto de denunciarlo, pero sí de incluir una inversión de 10 millones de euros sin fijar los trabajos a realizar, su calendario o el beneficio que van a aplicar.
A pesar de la denuncia de ASEPUCAR, todavía siguen aplicando en las amortizaciones de obras de 2008 a 2013 el 22% al coste de las obras y luego vuelven a aplicar el 14% + 1,8% de beneficio y gastos generales.
Y las obras realizadas aplicando el 20% de beneficio y el 21% de IVA, con los más de 5 millones del superávit de 2015-2017, todavía no han entregado la liquidación y al parecer tampoco las facturas.
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RESUMEN DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR ASEPUCAR A LAS TARIFAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA PARA 2022
La revisión de tarifas se realiza para restablecer el equilibrio económico del contrato. La documentación necesaria para conocer este equilibrio tiene por objeto fijar los gastos e ingresos previstos.
En la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de septiembre de 2000, refiriéndose al equilibrio del contrato se declara:
“Pero no menos cierto que, al hacerlo, han de seguir criterios de legalidad derivados de datos contrastados y reales, no conjeturas que pueden resultar razonables desde una perspectiva puramente particular”.
En este caso, se parte de datos “no reales”, por no decir falsos. Por tanto, no se pueden autorizar unas tarifas basadas en actuaciones que se podrían considerar “delictivas”, por mucho que hayan sido informadas favorablemente por funcionarios del más alto nivel, de Infraestructuras, Intervención, Hacienda o Departamento Jurídico y Consejería de la CARM.
Vamos a detallar algunas infracciones que han sido incluidas en las alegaciones, pero que anteriormente ya se denunciaron por registro general y en emails dirigidos a los concejales responsables.
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Por su importe, podemos destacar los convenios firmados en 2002 y 2003 por la alcaldesa Dª Pilar Barreiro, con Aquagest y ESAMUR. Con motivo de la implantación del Canon de Saneamiento de la CARM, la Ley 3/2000 establecía que los ayuntamientos debían descontar los gastos de Depuración porque a partir del 01/07/2002 se introducía el Canon y ESAMUR se hacía cargo de esos gastos.
Para conseguir un mayor beneficio, Aquagest falseó los gastos y descontó solamente 425.577,13 €, eso sí, con el VºBº del Interventor, pasando a cobrar de ESAMUR 2.795.314,55 € anuales, lo que supuso un aumento de ingresos por este concepto del 557% sin haber modificado el contrato. Como esta diferencia no se ha corregido en los 20 años transcurridos, se podría estar ante un delito continuado con un importe defraudado superior a los 45 millones de euros.
Como detalle significativo, que llama la atención de cualquiera menos del Interventor o los Ingenieros de Infraestructuras que dieron su conformidad, para el gasto anual de energía eléctrica de dos de las Estaciones de Bombeo, Barrio Peral y Cabezo Beaza incluidas en el convenio, en el Estudio de tarifas para 1997 era de 218.336 € y el gasto descontado total incluyendo otra EBAR y 3 depuradoras: Cabezo Beaza, Mar Menor Sur y el Algar, 6 años más tarde, fue de 728,69 €, que, una vez comprobado el gasto real por ESAMUR, pasó a ser de 724.081,39 €. El gasto de personal pasó de 62.452,00 € a 676.044,11 €.
Si consideramos la diferencia que no se descontó y multiplicamos por 20 años en que no se ha corregido, puede sumar más de 45 millones de euros, a los que habría que sumar intereses y sanciones.
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Precisamente, las sanciones es otro tema que hay que tener presente. Según el Pliego de Condiciones de 1992, la máxima sanción que se puede aplicar al Concesionario, por infracción muy grave son unos 12.600 €, una vez corregido el millón de pesetas establecido, con el IPC desde entonces, o la caducidad de la concesión. Ya se ve que solamente el punto anterior ya supera en mucho la máxima sanción económica aplicable.
Pero no solamente estamos ante esa posible infracción.
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En las listas cobratorias de 2015-2017 se han detectado unos 11.772 contratos que dejan de declararse sus facturas, sin haber retirado el contador y por tanto, sin haber sido bajas. Igualmente se detectan unos 9.983 contratos que comienzan a facturarse sin haber declarado esos números de contrato. Da la impresión, de que, a los contratos dejados de declarar su facturación, después de un tiempo se les cambia el número de contrato y se vuelven a incluir en las listas cobratorias.
Considerando solamente los 11.772 contratos que han dejado de declararse y que el importe promedio de factura para abonados domésticos con contador de 13 mm, en 2017 era de 78,35 €, nos da un importe total de 5.534.017 € menos de facturación, incluido IVA. En vista de esta irregularidad, el 08/06/2022 lo denuncié personalmente a la Concejal de Hacienda, entregándole suficiente documentación, que trasladó al Concejal de Infraestructuras y este al Jefe de Infraestructuras, sin que se haya investigado hasta la fecha. Además, ya anteriormente, el 06/04/2021 envié esa información al Interventor con el mismo resultado.
Con semejante descuadre, intentar el equilibrio del contrato con las nuevas tarifas, es una temeridad, teniendo en cuenta la posibilidad de que acabe en el Juzgado.
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También a la vista de la liquidación de 2018 a 2021 primer semestre, he detectado irregularidades, posiblemente como consecuencia de “desapariciones de contratos”, similares a las de las listas cobratorias de 2015-2017, que valoro en -1.874.328 € solamente en cuotas fijas, a los que habría que añadir el resto de conceptos, sin considerar los contratos dejados de facturar anteriormente, que llama la atención frente a la diferencia en el Canon Municipal, detectada por el técnico de Hacienda, de -9,75 € debido a diferencias de redondeo.
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En los estudios de tarifas de años anteriores, se cometieron numerosas irregularidades en la amortización de las obras previstas o declaradas como realizadas, por lo que fueron rechazadas por el anterior Jefe de Infraestructuras, y que se quiere aceptar en estas tarifas.
Resulta que entre 2008 y 2013 se detectó que las obras previstas, algunas duplicadas, no se correspondían con las verdaderamente realizadas, y lo mismo con sus importes.
Para solucionarlo, Hidrogea presentó una pseudo auditoría que valoraba las obras en 9.768.448,26 €, a los que Hidrogea aplicaba el 22% de Beneficio, basándose en su oferta de 1992, un porcentaje inexistente en su oferta, además de aplicar posteriormente a los gastos de amortización otra vez el beneficio, esta vez verdadero del 14%.
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Obras realizadas con el superávit de 2015-2017. En estas obras, con un importe disponible de más de cinco millones de euros, aplican el 20% de Beneficio y el 21% de IVA, a diferencia de las anteriores que según la auditoría eran sin IVA. Además, de las obras terminadas hace años, no he conseguido las facturas ya que al parecer no las han presentado, porque el dinero lo tienen en sus cuentas desde hace muchos años, por lo que no se explica la aplicación del IVA.
Hay que señalar que este superávit se corresponde a ingresos por la aplicación de tarifas excesivas, a las que ya habían aplicado el Beneficio del 14% según contrato y el IVA correspondiente.
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Respecto a la tarifa de mantenimiento de Contadores, podemos ver tres ejemplos de su aplicación:
Por ejemplo, a Villas Caravaning, con un solo contador de 125 mm, con un coste de reposición de 587,20 € en 2015, se le cobran 6.615,36 € al año por el mantenimiento del contador, con lo que se está pagando 1 contador al mes, en lugar de 1 cada 10 años y corresponde a 800 cuotas de viviendas.
En las Bocas de Incendio, se está aplicando la tarifa de mantenimiento de contadores a 158 abonados de 778 que había en 2017, sin que esté autorizado, ya que estos contadores normalmente no tienen consumo y por tanto no hay que cambiarlos…
Continúa en el documento íntegro, entregado a todos los concejales de Cartagena. Adjunto en formato PDF:
Nota adjunta explicativa: PDF-Pag. 13 En esta muestra (Tabla), se ha hecho un filtro con contratos que se han comenzado a facturar en 2015, 2º bimestre. Se puede ver el calibre del contador, La tarifa es doméstica con 2 familias numerosas y un contrato sin tarifa, posiblemente municipal. A continuación se puede ver la cuota fija de agua facturada cada uno de los 18 bimestres. En la columna de altas se ha seleccionado Alta cuando en un bimestre no se ha facturado y en el siguiente si. Aquí se ha señalado en verde las Altas declaradas en el Anexo II de las liquidaciones. Las que están sin color han comenzado a declararse la facturación sin haber sido alta. Posiblemente corresponde a contratos que se dejaron de declarar las facturas y pasado un tiempo, les cambian el número de contrato y vuelven a declararlos. En las columnas de Bajas, se han marcado en verde los contratos en los que se ha declarado labaja y retirado el contador. El resto deben ser bajas falsas, cuya facturación no se declara y que en un año puede sumar más de 5,5 millones de euros inclido el IVA. La comprobación por parte municipal es muy simple, viendo el padrón actualizado, su situación e incluso inspeccionando la existencia de contador en el domicilio registrado en el Padrón. De demostrarse, sería una infracción muy grave que no se podría sancionar con 12.600 €, sanción máxima prevista para infracciones muy graves en el Pliego de condiciones. Habría que aplicar la sanción alternativa que es la caducidad de la concesión, para lo cual habría que pedir informe al Consejo Jurídico de la CARM. Hay que señalar, que por ejemplo en 2015, Hidrogea aplicó 19 sanciones a particulares por posible fraude, entre 3.000 € y 4.800 €.
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