MENORES TUTELADOS: Reunión clave entre la Asociación Nacional del Menor Tutelado (ANMT) y la Dirección de la Infancia de Andalucía, el 9-3-22
La ANMT expuso las deficiencias del Sistema de Protección de Menores y propuso cómo resolverlas reduciendo drásticamente gasto público.
Juan Mariano Pérez Abad | El pasado día 9 de marzo-22, Presidente, Vicepresidente y Vocal de la ANMT (José Maldonado, Juan Mariano Pérez y Antonia Moreno respectivamente) fueron recibidos por la Directora General de la Infancia de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Antonia Rubio González, y dos de sus colaboradoras.
La cita había sido solicitada a partir del revuelo mediático surgido a raíz del caso de Sara Casas (que fue niña tutelada) y de una de sus 4 hijos (todos ellos tutelados en la actualidad) Ambas han sufrido abusos sexuales mientras estaban bajo tutela del Estado en sus residencias de acogida. El clima de alarma social suscitado por el escándalo de la prostitución de las niñas tuteladas de Mallorca, Valencia, País Vasco y Madrid ha sensibilizado a las autoridades de una Autonomía pionera en esta lacra desde el Caso Bar Arny. Sin embargo, la reunión fue concertada con el objetivo y a la vez condicionante de eludir casos concretos y tratar sobre el conjunto del Sistema.
Aunque las representantes de la entidad pública asintieron a la afirmación de la ANMT de que hay un excesivo número de menores bajo la tutela del sistema de protección de menores de la comunidad autónoma, parecían discrepar de las causas. Desde el punto de vista de la ANMT, los servicios sociales muestran una extraordinaria avidez para declarar desamparos por motivos a menudo espurios, arrebatándole los hijos a sus legítimas familias. La Directora, sin embargo, expresaba su convicción de estar defendiendo los derechos de estos niños, pero no respondió a la réplica de que su primer derecho es el de crecer dentro de su propia familia.
No obstante, ambas partes coincidieron en que el motivo principal por el que una familia puede perder a sus hijos es el de la pobreza, sea permanente o por el hecho de estar atravesando una situación económica especialmente adversa.
Con demasiada frecuencia, cuesta trabajo creer que familias que tanto dolor expresan por la pérdida de sus hijos y tanto esfuerzo son capaces de hacer para intentar recuperarlos, hayan merecido semejante medida.
https://www.lavozdelsur.es/actualidad/sociedad/junta-lanza-campana-acoger-menores-mientras-cientos-familias-luchan-por-recuperar-sus-hijos-tutelados_267386_102.html?fbclid=IwAR09Ww4BB6XVI8TeFkRBXL6HxwxI8sebqbmakbYkUdeps9O-O1OgE0V9p_w
La Asociación afirmó que esa avidez para declarar a muchos menores en desamparo y obtener sus tutelas no solo se aplicaba a familias nacionales, si no a niños extranjeros. Señalaba como ejemplar el caso de los niños de “la Valla de Ceuta”, que fueron secuestrados por su propio gobierno a sus familias, para “colarlos” en España y, en vez de devolverlos a unos padres que aún están reclamándolos, nuestro Gobierno continúa reteniéndolos en sus centros de acogida.
Continuó diciendo que el motivo de este “exceso de celo tutelar” parece quedar en evidencia cuando comparamos y comprobamos que el gasto público (presuntamente) asignado a LA MANUTENCIÓN DE CADA NIÑO TUTELADO ES MÁS DE DOBLE QUE EL PRECIO DEL INTERNADO INGLES MÁS CARO del mercado. Además, hay que señalar que tal asignación no ha de pagar al profesorado de los colegios públicos donde estudian estos niños ni los sueldos de los funcionarios responsables de la gestión de esos recursos, que ya los paga el contribuyente a través de sus correspondientes partidas presupuestarias. El portavoz de la AMNT manifestó que “enviar a los MENA (que van a estar igualmente separados de sus familias) a un internado inglés de lujo ahorraría más de la mitad del gasto y conseguiría hacerlos universitarios en vez de marginales, como ahora”.
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Según la Asociación, el problema surge porque este enorme gasto no se destina realmente al cuidado y educación de los menores, sino que, en palabras de las propias representantes de la Administración, la mayoría de los recursos se destinan al personal que trabaja en el Sistema de Protección de Menores.
El hecho de que el dinero no se destine a los niños, sino a los gestores de su Sistema de Protección, explica que se obtengan unos RESULTADOS LAMENTABLES en cuanto a la formación y cuidado de estos niños.
Discretamente, con temor a la férrea censura y acoso judicial que a algunos nos ha tocado afrontar, la prensa independiente se ha ido haciendo eco de las enormes deficiencias del Sistema a lo largo de los años. Más allá de las ideologías políticas, estas deficiencias han persistido durante los mandatos de los diferentes gobiernos, tanto nacionales como autonómicos y tanto en los centros públicos como en los concertados.
file:///C:/Users/Juanma/Desktop/Juanma/Hemeroteca/enlaces%20tutelados/los-nuevos-ninos-robados-sobreseidos-.htm
Se hizo referencia al pésimo nivel académico y laboral con el que salen del Sistema de Protección estos menores a su mayoría de edad. Se aludió a cómo se había justificado durante años la administración de fármacos sedantes sin prescripción médica por la falta de recursos para contratar personal suficiente para mantener la disciplina. Se habló de castigos físicos que han llegado a provocar muertes, de desapariciones, de venta de menores a redes de tráfico de seres humanos, etc.
https://www.elmundo.es/andalucia/2019/04/11/5caf257bfc6c8392158b4592.html
Aunque parezca increíble, se han realizado campañas de recogida de ropa para unos niños que han llegado a tener asignado un gasto público de más de 9.800 € al mes por cabeza. Hasta tal punto llega la mala gestión y las deficiencias que las mismas familias de acogida que se ofrecen vocacionalmente para colaborar con la Administración en el cuidado de esos niños, terminan denunciándola escandalizados por su crueldad con los menores y sus familias.
Pero el problema que ha hecho saltar la situación de los tutelados a las portadas de los grandes medios de comunicación es el de los abusos sexuales, prostitución y violaciones de los niños bajo la tutela del estado. En Mallorca y Valencia, varios altos cargos se están viendo seriamente comprometidos por su implicación en estos asuntos. En otras muchas comunidades como Madrid, País Vasco, Cataluña o Murcia, se han denunciado o desarticulado redes de prostitución o pornografía infantil con menores tutelados. Como ya comentábamos, Andalucía no sólo no es una excepción, sino que el caso Bar Arny la marcó como pionera en este tema a nivel nacional.
A pesar de que la censura impuesta desde aquel momento lo haya hecho invisible a los ojos del gran público, este fenómeno se ha seguido produciendo dentro de los centros de acogida y de las familias acogedoras, bajo la indolencia y hasta el encubrimiento de los poderes públicos de la Comunidad Autónoma, tal y como demuestra la extensa documentación que se aportó acompañando la exposición.
Pero ahora que la Gran Prensa se ha abierto a la divulgación de este problema, está dando a conocer también todo el entramado económico y político que lo sostiene y origina. Es la hora de que aparezcan responsables políticos valientes y honestos que lo afronten y den fin a este monstruoso negocio de explotación de menores dentro de las Instituciones del Estado Español.
También se hizo alusión al papel que juega el Poder Judicial en la sostenibilidad de este entramado. En un País donde la División de Poderes del Estado está funcionalmente anulada, el corporativismo del Judicial ampara “por ley” al Administrativo (Ejecutivo) frente a los intereses de los menores y sus familias. En las reclamaciones judiciales que ejercen las familias, las peritaciones judiciales las realizan los mismos Equipos Psicosociales que redactan las declaraciones de desamparo por las que les arrebataron a sus hijos. Por ser peritos judiciales, el juez se ve obligado a dar a los Psicosociales preferencia sobre cualquier peritaje que aporten ellos. Así los Servicios Sociales se convierten en juez y parte y anulan la imparcialidad que debería ofrecer la justicia a las familias.
Desde la Asociación nacional del menor tutelado pensamos que es el momento de dar fin a este nido de corrupción en el que se ha convertido el Sistema de Protección de Menores y proponemos abordar el problema desde su origen. Es muy difícil obtener de la Administración datos fiables y actualizados para calcular las cantidades reales de dinero público que se destinan al capítulo de menores tutelados, pero se acepta el cálculo de 7.000 € al mes por cada uno de ellos. Pensamos que la excesiva dotación económica para la manutención de estos menores ha provocado la génesis de un “NEGOCIO DE LA CARIDAD” que necesita tutelar cada vez más menores como materia prima para funcionar.
Es evidente que, por muy tóxicas que pudieran parecer sus familias, sus resultados educativos no pueden ser mucho peores que los que está consiguiendo la Administración. Ante el hecho de que la pobreza es la causa principal del desamparo de menores, la actitud más lógica sería destinar los recursos disponibles a paliar esa pobreza. Con tan solo 1.000 € al mes, una familia pobre con 3 hijos podría mantener una vida digna y cuidarlos correctamente. Protección de Menores es incapaz de proporcionarles el amor que les dan sus padres y está gastando 7.000 por cada uno. Eso suma un total de 21.000 € al mes extraídos de nuestros impuestos, a menudo invertidos en convertir a esos menores en seres marginales.
Por eso, para solucionar los graves problemas que afectan a los menores tutelados de la Autonomía y de todo el País, proponemos que la primera medida a adoptar sea la DRÁSTICA REDUCCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DEDICADOS A MENORES. Si no hay dinero, dejará de ser negocio arrebatarles los niños a sus familias para desatenderlos así.
Sureste Press 
No sé…Niños tutelados desgraciadamente siempre va a haber. Y si hacen esto con y por dinero, sin dinero qué no harán o en el peor de los casos qué harán para conseguir más. No será un incentivo para arrebatar a los niños de sus familias pero los que queden, cómo les tratarán…
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