Desde hace 20 años decíamos que Valcárcel estaba en el ajo

LA VERDAD PUBLICA UN DETALLADO INFORME SOBRE ESA BASURA QUE AÚN DA VOTOS AL PARTIDO POPULAR, SOSTENIDO POR CS
Redacción | Nada nuevo, sin novedad, lo venimos escribiendo y divulgando en artículos, editoriales, comentarios y dos libros, soportando las iras del régimen o del lobby murciano. Ramón Luis VALCÁRCEL estaba en el ajo, en ese maremagnum de una corupción a veces solapada y en otras, a cara descubierta. No podía ser de otra manera. O por omisión desvergonzada, no se enteraba o lo sabía de pé a pá.
Hace unos meses colgabamos un editorial dirigido a la Fiscalia, que estaba investigándole, pidiendo responsabilidades o como testigo de cargo o por incompetencia manifiesta que en la empresa privada supone el cese inmediato o la dimisión. El tema estuvo en manos del ex presidente Alberto GARRE, ahora fundador de Somos Región, que pidió urgentemente a sus asesores jurídicos y a la intervención general un informe detallado del negocio o el pelotazo mágico de seiscientos millones. Se lo cargaron. Ayer el colega del diario decano, Ricardo FERNÁNDEZ publicaba un detallado informe sobre esa basura que aún da votos al partido popular, ahora sostenido por CS y un sector minoritario de VOX. Por su interes publicamos un resumen, y felicitamos al compañero que hace bien su trabajo en el periodismo de investigación que nació un trece de septiembre de 1999 en la pantalla de VMPRESS.

En sus escasas declaraciones públicas sobre la causa penal abierta por una presunta malversación multimillonaria en el proceso de la construcción y adquisición de la desaladora de Escombreras, el expresidente del Gobierno murciano Ramón Luis Valcárcel siempre ha puesto implícitamente el tablacho de cualquier posible responsabilidad en quien fue su consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá. Defendiéndolo en apariencia, pero dejando claro a la vez que era el último responsable en la cadena de mando. «Había un consejo de administración -del Ente Público del Agua (EPA)- presidido por un consejero, con presencia de casi todos los secretarios y directores generales de las consejerías. Más el interventor general y el jefe de los servicios jurídicos. ¿Estaré yo tranquilo de que se hizo bien, si nunca hubo reparos? Pongo las manos en el fuego por Antonio Cerdá. Es un tío honesto y honrado a carta cabal», declaró muy recientemente, el pasado septiembre, en una entrevista concedida a Manuel Buitrago para ‘La Verdad’.

Y añadió, por si quedaba alguna duda de que él estaba al margen de cualquier decisión sobre ese proyecto: «El Consejo de Gobierno no tomaba parte. Llegaban los informes aprobados por unanimidad».

Pruebas o indicios de delito

Atendiendo a tales manifestaciones, resulta lógico preguntarse de qué pruebas o indicios de delito dispone la Fiscalía Superior de la Región para sostener la denuncia que, por el denominado ‘caso La Sal’, interpuso en julio contra el expresidente Valcárcel y que hace un par de semanas fue admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia. Esta apertura de diligencias previas sitúa a Valcárcel a un paso de verse formalmente investigado, por vez primera, en un procedimiento penal por supuesta corrupción.

‘La Verdad’ ha tenido acceso a la denuncia del Ministerio Público, lo que permite desvelar la existencia de documentos que apuntan a que Ramón Luis Valcárcel no solo fue el principal impulsor político del Ente Público del Agua (EPA), a través del cual se acabó gestando todo el controvertido y muy ruinoso proceso de adquisición de la planta desaladora, sino que habría sido puntualmente informado de la marcha de las gestiones, que acabaron desembocando en el compromiso de la Comunidad Autónoma de desembolsar 600 millones de euros por el alquiler de las instalaciones durante 25 años. Una cuantía elevadísima que además se firmó mediante la aceptación de una cláusula llamada ‘take or pay’, que obligaba a abonar ese dinero incluso en la hipótesis de que no se produjera una gota de agua desalinizada.

Para otorgarle «cabal conocimiento del proyecto y de su impulsión», según se sostiene en la denuncia, los gestores del EPA habrían ido informando periódicamente a Valcárcel sobre los pasos que se iban dando y trasladándole documentación al respecto, «sin que sea posible sostener ignorancia alguna» por su parte.

Así, la fiscal que impulsa estas diligencias, María Isabel Neira, resalta la existencia de correos electrónicos y otros documentos intervenidos por la Policía Nacional en varios registros, como el efectuado en mayo de 2016 en la propia sede de la desalinizadora en Escombreras, que apuntan a que el entonces jefe del Ejecutivo regional estaba perfectamente al tanto de lo que se estaba haciendo. Por ejemplo, se desvela la existencia de un correo, de fecha 13 de mayo de 2010, remitido por el entonces director de la firma Accuore y director técnico del EPA, Cirilo G.A., a uno de sus superiores y al abogado Andrés Arnaldos, en el que se lee lo siguiente bajo el encabezado ‘Notas reunión Valcárcel’: «Adjunto te remito las notas preparadas para la reunión con el presidente a la que nos hemos referido esta mañana».

Una cita en San Esteban

Igualmente se deja constancia de otro correo, este del 2 de julio de 2008, por el que se convoca a todos los miembros del Consejo de Administración del EPA a una cita en San Esteban, haciendo constar que «la reunión estará presidida por el Excmo. Sr. don Ramón Luis Valcárcel Siso». En ese encuentro se aportaron documentos sobre la Ley de Aguas, el informe de situación de la sociedad Desaladora de Escombreras, la inexistencia de toma de agua bruta en el puerto de Escombreras y la necesidad de obtener una concesión de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), entre otras cuestiones.

La fiscal Neira resalta el hecho de que la reunión fuera en el Palacio de San Esteban, sede del Ejecutivo murciano, y que no fuera este «ni el único ni el último consejo» de administración del EPA convocado en estas dependencias.

En el acta redactado a mano sobre esa reunión se hizo constar: «Palabras del Presidente de apoyo total al proyecto. Tiene absoluta prioridad social, al margen de la rentabilidad política». Una frase que luego se omitió del acta oficial.

Innumerables documentos

La denuncia señala que existe «una ingente cantidad de documentos recopilados», durante la investigación del ‘caso La Sal’, que justifican la apertura de una investigación penal contra Ramón Luis Valcárcel «por su presunta intervención, por acción y por omisión, en el sostenido concierto fraudulento entre la Comunidad y las empresas privadas Hydromanagement SL y el grupo empresarial ACS -encabezado por Florentino Pérez-, en torno al proyecto de construcción, financiación y explotación de la desalinizadora de Escombreras». Añade la fiscal que hubo «un deliberado apartamiento de la legalidad y una ausencia del adecuado control jurídico, económico y financiero del proyecto», todo ello con la consecuencia «de haber comprometido de forma severa fondos públicos de varias formas, con un uso para fines no justificables, no necesarios o distintos de aquellos para los que se otorgaron».

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