Escándalo en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia

Admitida a trámite la denuncia contra el Alto Tribunal ante la Fiscalía Superior de Murcia y el CGPJ, de un jubilado del Banco de España que ha visto menoscabada injustamente su pensión.

Juan Mariano Pérez Abad | Opinión | Tribunales | El 1 de marzo de 2001, Francisco Rosas Blaya se jubiló de su puesto de Jefe-Cajero de la sucursal del Banco de España en Cuenca, en plena fase de transición entre la Peseta y el Euro. Su labor profesional mereció la máxima puntuación por parte de su Director, lo que debía haberse traducido en un incremento salarial(con efecto retroactivo desde el 1 de enero del 2.000)en su “Complemento de Desempeño” que, por razones que desconoce, no le llegó a ser abonado en nómina.

Aunque la palabra “jubilación” viene de “júbilo” (alegría) la de Francisco se vio empañada por tener que comenzarla reclamando judicialmente esa cantidad que se le adeudaba. Y desde entonces (hace más de 17 años) Francisco está litigando en los Juzgados de lo Social para intentar solucionar todos los problemas que acudieron a su jubilación como moscas a la miel, enfrentándose a una sucesión interminable de errores judiciales repetidos, incongruencias procesales y absurdas tergiversaciones que han ido dando al traste una y otra vez con su júbilo.

Por motivos familiares, se trasladó a vivir a la ciudad de Murcia, por lo que la demanda contra el Banco de España por aquel impago le vino a caer por reparto a su Juzgado de lo Social Nº1. Pero este se declaró incompetente por razón del territorio,alegando que el Banco de España estaba en Madrid. El nuevo reparto dio con su caso en el Social 27 de la Capital del Estado. Allí la sentencia fue contraria a sus intereses, pero Francisco la apeló porque consideraba que lo que se había juzgado y dado por probado era el hecho de que sí que se le había pagado correctamente ese complemento, pero no se había entrado a resolver sobre lo que él,en realidad, había reclamado, que era la subida retroactiva que le correspondía y que no le habían abonado.

Pero aún le esperaba lo peor porque, una vez jubilado,la Mutualidad de Empleados del Banco de España le fijó una pensión muy inferior a la que tenía derecho. Por muy impropio que parezca en una entidad vinculada a entidad financiera de tan alto rango, las elementales operaciones matemáticas con las que se había calculado la cuantía de su pensión contenían graves errores en la conversión de Pesetas a Euros (de la moneda en la que había cobrado su nómina a la que iba a cobrar su pensión) y otras erratas en varios de los conceptos computables. Como es natural, bien calculada hubiera resultado estar entre las del nivel más alto, tal y como correspondía al cargo que había ocupado. A pesar de lo grotescos que resultaban aquellos errores (casualmente todos redundaban en su contra) la Mutualidad se negó a revisarlos, obligándole a un segundo litigio judicial.

En esta ocasión y aunque la central de la Mutualidad también está en Madrid, el Juzgado de lo Social de Murcia sí se declaró competente para juzgar este presunto “suspenso en matemáticas” de la Mutualidad, volviendo al tocarle en reparto al “1”. Aquella subida que le había reclamado al Banco también computaba para el cálculo de su pensión,porque afectaba a las nóminas percibidas en los últimos 10 meses anteriores a su jubilación. Por eso, a pesar de que parecía contradecir su previa declaración de incompetencia por territorialidad, el titular del Juzgado decretó la necesidad de hacer comparecer al Banco de España. Éste acudió aportando la sentencia del Social 27 de Madrid (a pesar de que aún no era firme por estar apelada) alegando torticeramente que esta nueva pretensión de Francisco ya había sido juzgada y rechazada allí. Recordemos que lo que se había juzgado inicialmente en Madrid era el impago del Banco de su subida salarial y ahora se trataba de juzgar el error de cálculo de la Mutualidad, que solo se veía ligeramente afectado por aquella subida.

Ante la estupefacción de Francisco y sin andarse con másmiramientos ni rodeos, con fecha 27 de octubre de 2003 el magistrado le dio la razón al Banco y rechazó entrar siquiera a estudiar el caso, estampándole la etiqueta de “COSA JUZGADA” en toda la sentencia.

Lejos de rendirse, Francisco presentó apelación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia(TSJ) de Murcia, que resuelve 2 años después, vehiculando su resolución a través de 2 autos de septiembre y diciembre de 2005.Los legos en Justicia no entendemos que pueda ser legal que, en vez de resolver directamente el error, lo que dictaminaran en aquel momento no fuera un veredicto sobre el tema en cuestión, sino que se reconocía que el trabajador tenía derecho a volver a demandar a la Mutualidad y a volver a empezar. En un admirable despliegue de optimismo, aquello le hizo albergar nuevas esperanzas, porque de esa resolución se desprende inequívocamente que “LA COSA NO ESTABA JUZGADA” ya que se le permitía volver a solicitar que fuese juzgada.

La nueva demanda cayó en el Juzgado de lo Social 2 de Murcia que, como si de una mala broma se tratase, volvió a sentenciarle “COSA JUZGADA” en septiembre de 2006. Para colmo del absurdo, contradiciendo su propia resolución de 2005, la propia Sala de lo Social del TSJ ratifica el dictamen de “cosa juzgada”en su sentencia de enero de 2007 sobre la consiguiente apelación, arrojando su confianza en la Justicia por el inodoro.

Habían dejado atrapado a Francisco en un bucle, corriendo para no avanzar como un hámster en la rueda de una jaula. Para romper ese círculo mortal, buscó un“as” que ponerse en la manga y recompuso su confianza en el Sistema Judicial. En Octubre de 2012b volvió a presentar su demanda, que esta vez cayó por reparto en el 3by se celebró el 7 dejunio de 2016 (¡¡¡CASI 4 AÑOS DESPUÉS!!!)

Nada más empezar y sin mediar más trámites, la juez del 3, María Lourdes Gallonet Fernandez-Tres Palacios, empezó a leerle párrafos de la sentencia de octubre de 2003 que le dictó en su momento el Social 1. Franciscose quedó atónito, ya que aquello implicaba una entrevista previa de la juez con la abogado de la Mutualidad y, por tanto, un presunto delito de prevaricación. Ante su reproche, la juez no respondió a la demanda y solicitó de su abogado un documento con las pretensiones deljubilado demandante. Una de las irregularidades que ahora denuncia él es la manipulación de la grabación de aquella sesión de juicio para eliminar las escenas correspondientes aquel debate que mantuvocon la juez.

El “as” del escrito consistió enpresentar su renuncia a la subida deaquel complemento que reclamó en Madrid en su momento y a cualquier repercusión que pudiera tener en el cálculo de su pensión. Ahora quedaban las cuestiones totalmente separadas y no cabrían tergiversaciones que lo pudiesen volver a burlar. Pero, increíblemente, el 27 de abril de 2018,aquella juez no tuvo ningún tipo de escrúpulo en volver a ponerle por sentencia aquello de“COSA JUZGADA” y endosarle además una multa de 300 € de parte de la Mutualidad.

Y como colofón, en el consiguiente recurso ante el TSJ, le asignan como magistrado ponente a Rubén Antonio Jiménez Fernández, al que la Ley prohibía entrar a juzgar el caso porque ya había intervenido en aquel asunto. Para ahondar en el desafuero, los magistrados que le asignaron para resolver la recusación que presentó fueron, José Luis Alonso Saura y Joaquín Ángel de Domingo Martínez que tampoco podían “entrar al trapo” porque también habían intervenido. Como última muestra de desprecio a los principios más elementales de la Justicia, Francisco denuncia que la Sala ha estado marginando a su procuradora de la recepción de comunicados y notificaciones.

Francisco ha denunciado a la Sala de lo Social del TSJ de Murcia ante el Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Murcia, así como a la juez titular del Juzgado de lo Social 3 por prevaricación ante los 2 últimos.

Con lo que nos enteremos sobre la evolución de sus denuncias, podremos hacernos una idea sobre si la “independencia” del Poder Judicial,en realidad hace referencia a las injerencias externas tales como el corporativismo o el poder económico de tan gran Banco, o si se refiere a la potestad para sentenciar con independencia de las Leyes del Estado, de las garantías procesales, de la lógica, del sentido común, de los Derechos Humanos y hasta de la correcta ejecución de las operaciones matemáticas más básicas.

  • Juan Mariano Pérez Abad

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