“La Crónica Negra, Políticamente Incorrecta”

Desde el poder, antes y ahora, tratan de que no se difunda por intereses electorales

Juan Rada | Cambian los tiempos, pero no ciertos hábitos inquisidores. La censura o el dirigismo informativo lo ejercen los mandatarios para prohibir, recortar o conducir la libertad de expresión. Sobre todo lo que pueda afectar negativamente a sus intereses.

Presiones que proceden desde el poder económico, político, bancario, monarquía… De ahí tanto silencio, tanta callada por respuesta a demasiadas preguntas que se hace la sociedad.

   De siempre, un sector muy castigado es el de la crónica negra. Atentados que el poder los hace pasar por accidentes casuales, crímenes tapados, estadísticas desvirtuadas, índices de seguridad ciudadana manipulados y un largo etcétera de irregularidades. Intentan aminorar e, incluso, falsear las cifras de asesinatos, secuestros, violaciones, atracos, robos, etc.

   El incremento delincuencial crea malestar, temor y hasta alarma en el pueblo. Por ello los gobernantes, sean del color político que sean, no quieren que se difunda tal situación y estado de cosas porque electoralmente les resulta perjudicial. Tratan de maquillarlo todo.

   Parecen olvidar lo que decía Cicerón: «La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio». No les importa que la población quede desasistida en este aspecto. Prefieren ignorar lo de que conocer el crimen es la mejor forma de combatirlo.

DIVERSAS FORMAS DE EJERCER LA CENSURA

   Entre la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como “ley mordaza”, la de Protección de Datos y otras normas restrictivas y hasta regresivas, parece que se está regresando a tiempos pasados. Sin olvidar que ciertas normas casi olvidadas han continuado aplicándose en base a la todavía sin derogar Ley de Prensa e Imprenta.

   En las postrimerías del franquismo los periodistas recibían en las ruedas de prensa de la Dirección General de Seguridad (DGS) un documento oficial, la papela. Sistema que prosigue en el aspecto de facilitar información por parte de los organismos. Así, en los gabinetes de prensa de las direcciones generales del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil continúan siendo reacios a proporcionar datos, especialmente sobre crímenes no resueltos.

   Se excusan con que el sumario está sub judice, aferrándose al secretismo impuesto por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que data del año 1882 y está muy parcheada. Tratan de prolongar y adormecer el tema, sabedores de que la actualidad periodística no puede esperar. Similar ocurre cuando se trata de acceder a sus archivos, aunque sea para estudiar casos antiguos. Todo son cortapisas. Top secret.

Está muy bien que se exhiban los éxitos de los cuerpos y fuerzas de seguridad, pero también que no se niegue la información ante casos sin resolver como viene ocurriendo de modo permanente.

   Continúa haciéndose una utilización partidista de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. No se desclasifican documentos, al contrario de lo que ocurre en otras naciones mucho más desarrolladas. El veto rige con carácter indefinido. A veces da igual que se trate de un vulgar crimen o de los papeles de los Gal. Como pretexto, razones de estado.

   Casi no pasan de notas y comunicados propagandísticos, amén de espurias ruedas de prensa –que muchas veces se limitan a declaraciones institucionales, sin aceptar preguntas– sólo para difundir logros y éxitos. Lo demás no les interesa. Algo inconcebible en las democracias anglosajonas. Los periodistas no están para recibir discursos y grabar photocalls.

   Cada vez resulta más difícil acudir a las fuentes de la noticia. Los organismos públicos tratan de manipular el deber informativo a través de sus departamentos de comunicación que deberían, mejor, denominarse de relaciones públicas y, sobre todo, propaganda. Como si fueran partidos políticos o empresas privadas. Los responsables policiales tienen que pedir permiso para efectuar declaraciones. Sobre ellos penden amenazas de expediente al respecto.

   «Lo que hacen los gabinetes –afirma el profesor de periodismo Frances Pascual Blanch– es filtrar la información, es decir, por un lado esconder lo que no les favorece (o si no tienen más remedio que contarlo, revestirlo y maquillarlo para que no sea tan malo) y por otro dar suficiente difusión a las informaciones positivas y lúcidas que dejan bien al estamento policial».

   Concreta que «de una fracasada actuación policial o de un caso en el que los agentes se han extralimitado nunca se informará, y si al final dicha información sale a la luz es porque los afectados lo cuentan a la prensa. En cambio, una operación limpia y pulcra, que termina con buenos resultados –los malos detenidos, la banda de narcotraficantes desarticulada, un atraco con los malhechores arrestados y los clientes del banco liberados, mejor si es con un funcionario herido en la defensa de los desvalidos–, tendrá una conferencia de prensa con todas las de la ley, a poder ser con muchas cámaras de televisión, y los periodistas disfrutarán de las mayores facilidades por parte del departamento de policía».

   Es la cruda realidad. Política de despachos. Mientras, en la calle, los esforzados representantes de la ley y el orden, los de a pie, van ganando la batalla día a día pese a combatir la delincuencia con insuficiencia de medios. Pero con mandos operativos ajenos a la profesión, impuestos por la clase gobernante, que tratan de divulgar en plan propagandístico únicamente lo que les resulte beneficioso. El resto, mejor silenciarlo.

   Se inflan los cómputos de arrestos –palotes, en el argot de las comisarías– y se disminuye de modo ficticio el de delitos mediante el procedimiento de rebajar artificialmente su calificación penal. Se insta al secretismo, mediante la ocultación burocrática, y se deforma la realidad. Manipulación y pasteleo.

   Las informaciones al respecto que habitualmente se facilitan a la prensa son de carácter engañoso. Suelen destacar que cuantitativamente disminuye la criminalidad, a base de cifras y balances sobre delitos no muy importantes, mientras que tratan de camuflar el progresivo incremento de homicidios y violaciones. En suma, destacan la disminución de tironeros, descuideros, chirleros (navajeros) y demás fauna callejera tratando de camuflar el aumento de crímenes.

   «La democracia hace desaparecer a los desaparecidos», fue la denuncia que Rosa Díez, entonces líder de UPyD, efectuó en el Congreso de los Diputados. Expuso que más de dos mil expedientes de personas en paradero ignorado habían sido eliminados en un ajuste de los registros policiales para aliviar las estadísticas. Eran los tiempos del ínclito ministro Alfredo Pérez Rubalcaba. Por otro lado, la mitad de los asesinos de género de la última década no aparecían en ningún censo oficial.

   Leire Pajín, en su etapa de ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, intentó que las televisiones informaran de los crímenes machistas de forma muy breve. No debían salir en los titulares de los servicios informativos, su duración como máximo de treinta segundos y sin mostrar imágenes del cadáver de la víctima. Daba la impresión de que era mejor esconder dichas muertes, aplicando el famoso refrán «ojos que no ven, corazón que no siente» que buscar ponerles remedio.

   En cuanto a los hombres muertos a manos de sus mujeres, ninguna mención. Silencio absoluto. Ocurrió con el Gobierno de Zapatero y ha continuado posteriormente.

   Incluso pretenden dirigir el lenguaje que se utiliza en la prensa. El Ayuntamiento de Madrid presentó un sorprendente documento para que los profesionales de la información cambien términos como prostituta o trabajadora sexual por ‘mujer en situación de prostitución’, cliente por ‘putero’, etc. Además, que no se utilicen imágenes de actitud sexual como mostrarlas fumando junto a una farola o la simple fotografía de unos tacones…

   “Guía de recursos para periodistas. El abordaje de la prostitución y la trata sexual con fines de explotación sexual” se titula esta “biblia” que trató de imponer el equipo municipal regido por la polémica alcaldesa Manuela Carmena, la cual parece no haber olvidado sus tiempos de jueza con su  ordeno y mando.

   «¿Menos crímenes en la actualidad? Ahora esconden mejor a los muertos, no puede ser otra cosa»,  explicaba un antiguo investigador de homicidios, opinión corroborada por varios colegas suyos. «No hay muerto, no hay caso».

  Hay otras cifras que no se pueden ocultar, como las más de trescientas mil órdenes de búsqueda y captura que engrosan los archivos informáticos. Es una de las naciones que más reclamaciones de fugitivos realiza vía Interpol.

   A veces el veto oficial es mayor que en tiempos pretéritos. En una crónica rememorativa del crimen del expreso de Andalucía, ocurrido en el año 1924, José María de Vega, cofundador de El Caso,  ponía de manifiesto que «en aquella época tanto la policía como los jueces buscaban y obtenían siempre la colaboración de periodistas y fotógrafos, y gracias a ellos se descubrieron no pocos crímenes que hoy día hubieran quedado impunes, por el solemne encasillamiento de tanto personajillo que hace del secreto oficial un estúpido muro de silencio».

APOYO A LOS DELINCUENTES

   A raíz de que el PSOE llegara a la Moncloa el crimen se fue socializando. Su tratamiento, que hasta entonces consistía en la diferencia entre buenos y malos, empezó a contemplarse desde otra óptica. El delincuente ya no lo era tanto. Más bien había que considerarlo en muchas ocasiones víctima de unas circunstancias adversas que le habían empujado a trasgredir. Las cárceles pasaron a verse como centros rehabilitadores cara a su reinserción.

   El siguiente peldaño lo constituyeron las derivas punitivas. El progreso y la modernidad alcanzaban también, de modo demasiado favorable y garantista, a quienes se mueven al margen de la ley.

   A la par se inició un camino para el anonimato de los delincuentes que ha proseguido hasta la actualidad. En demasiadas ocasiones no se puede hacer público el nombre ni la imagen de asesinos condenados. Todo se limita a iniciales. Salvaguardan su identidad, no la de los damnificados.

   Veto de publicación perjudicial sobre las principales figuras del mundo político, financiero, bancario, empresarial… Los amos del poder.

   La crónica política y la negra son las especialidades periodísticas donde más se acentúa la censura. A  la primera tratan de manipularla, pero a la segunda la vetan de lleno en todo lo posible.

   Impera el dirigismo informativo y la coacción permanente. Zanahoria o palo. En unas ocasiones, ofrecimiento por parte del poder a los profesionales de prebendas y ascensos. En otras, la coacción. A veces, puro chantaje.

   Hábitos que a veces recuerdan épocas pasadas. Y que han dejado por el camino nombres como el de Luis Roldán, un buen ejemplo de veto a la prensa, que pasó de perseguir maleantes a convertirse en el mayor ladrón de la historia. Enrique Rubio, conocido periodista de El Caso y TVE, lo consideraba el principal timador que ha existido «porqué timó a la propia Guardia Civil siendo su máximo responsable».

   También su colega al frente de la Policía, José María Rodríguez Colorado, fue condenado por malversación de fondos reservados. Ingresó en prisión para hacer compañía a sus superiores jerárquicos José Barrionuevo, exministro del Interior, y Rafael Vera, exsecretario de Estado para la Seguridad.

   Precisamente el Colo, como era conocido en determinados ambientes, estuvo a punto de cargarse la exitosa serie televisiva Brigada Central. Su autor, el conocido novelista Juan Madrid, vio como le paraba el rodaje. El motivo era que la Dirección General de la Policía había prohibido que se utilizaran uniformes, vehículos, comisarías y todo símbolo relacionado con el cuerpo de seguridad. Finalmente, la presencia de un inspector, con derecho a corregir y vetar en los guiones todo lo que considerase oportuno, le permitió proseguir.

   «¿Qué si hubo censura? –se preguntaba dicho escritor en una entrevista–. Era peor. Un día vi un capítulo de la serie, o un copión, y había frases que yo no había escrito. Eran frases sueltas. De repente, en una escena, alguien decía algo a favor de la Policía, una frase grandilocuente y horrible, que no tenía nada que ver con el relato. Le pregunté a Pedro Masó, el director de la serie, por qué había tocado mi guion. Me dijo que había policías o guardias civiles vigilando el rodaje para asegurarse de que la imagen de la Policía no quedara dañada. Le imponían meter frases. Era ridículo».

   Más tarde le volvió a ocurrir parecido durante la filmación del largometraje Tetuán. Primero le pasó con el PSOE y después con el PP, tal como cuenta en el prólogo de la edición que ha publicado «por primera vez, sin censura, de los textos originales de la famosa serie televisiva».

   Vetos informativos a todos los niveles que chocan con el muro de la realidad. «Si comparamos el número de homicidios anual con el de condenas y presos por homicidios encontramos que la impunidad es de alrededor de un 70 por ciento», manifestaba la Asociación Nacional de Víctimas de Delitos Violentos, a través de su presidente José Miguel Ayllón Camacho.

   Este activo abogado, que tantos años lleva luchando en pro de miles de familias desamparadas, afirma que quieren «denunciar el atentado a los derechos de las víctimas que representa el secreto del sumario, institución que para lo que verdaderamente sirve es para apartar a la víctima de la justicia». Un derecho que ha faltado «en la inmensa mayoría de los veinte mil homicidios de los últimos años».

   Antes se censuraba y ahora en muchos casos se niega aquello que esté sin resolver o que no interese oficialmente su difusión. Así, lo que no se publica no existe para el gran público.

Hay dirigentes políticos que desearían poder controlar a la prensa de sucesos como se hacía tiempo atrás. Pero su falsa imagen democrática se lo impide, aunque lo intentan por otros medios.

   Con la desaparición de El Caso la crónica negra ha sido casi aniquilada en los periódicos, reduciéndose al área audiovisual. No se considera políticamente correcto. Hay excelentes reporteros, pero sus trabajos pasan desapercibidos la mayor parte de las veces entre tanta noticia de corruptelas, convolutos, sobornos, cohechos y otros delitos cometidos por gentuza de cuello alto y guarte blanco.

   Además cada vez se le presta menos atención y se viaja poco, porque el periodismo de investigación resulta caro para las empresas editoras controladas, desde hace un tiempo, por bancos, constructoras, testaferros políticos y demás ralea.

   El poder lo que pretende es que a la población actual no interesen mayormente los sentimientos y emociones, salvo los que se reflejan en la prensa rosa o del deporte. El testimonio crudo de una población a veces necesitada, a veces tristona, no aguantó la competencia de una nueva sociedad pretendidamente glamourosa, alejada del tradicional navajazo, que ha sido sustituido por la pistola automática o la metralleta. Pero la modernidad también necesita que se haga la luz en las cloacas.

Un comentario en ““La Crónica Negra, Políticamente Incorrecta””

  1. ¡Que gran verdad la de la censura oculta que está aplicando! Antes era censura previa y ahora se hace controlando, como dice el autor del artículo, a las empresas editoras a través de grupos de presión. Pero el dirigismo informativo y el veto a ciertas publicaciones está latente en todo momento. Pura manipulación por todas partes (prensa, radio, TV, etc.) que se hace cada vez más latente. La democracia no ha llegado en nuestro país al mundo de la comunicación porque los poderes fácticos no están dispuestos a ello. Realmente lamentable.

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