“Muertos en Lista de Espera” (SMS)

José Muñoz Clares | Opinión | El Servicio Murciano de Salud (SMS) está aquejado de un mal que corroe la administración acusadamente desde que el sistema autonómico se implantó: un regreso acelerado a las prácticas feudales de las que creíamos habernos librado hace más de cinco siglos. Reyezuelos de taifas autonómicos que, lejos de la antigua vigilancia de Madrid, que con la objetividad que da la distancia impedía los peores desmanes, se mueven ahora a sus anchas en lo que no cabe sino calificar como “chiringuito” profesional en que desarrollar una carrera profesional lucrativa al margen de la legalidad.

En el ámbito de la cirugía cardiovascular del hospital insignia de la sanidad de Murcia, el Virgen de la Arrixaca, el reputado Dr. D. Ramón Arcas Meca acabó ostentando la jefatura, lo que le permitió formar un valioso equipo humano con, entre otros, cirujanos cardiovasculares que se habían formado con él en anteriores destinos. Pero el Dr. Arcas se jubiló y el SMS, en lugar de convocar el concurso que exigía la ley, decidió que el nuevo jefe iba a ser un médico murciano que estaba en Valencia, sin curriculum ni experiencia de Jefatura, que al no ser personal estatutario no  podía ocupar una jefatura. Ese obstáculo lo salvaron inventándose una ilegal jefatura en comisión de servicio y se lo trajeron de forma supuestamente temporal que acabó durando 5 años hasta que, en un concurso recurrido y aún por resolver, lo hicieron fijo.

La actitud del prebendado  se viendesarrollando en estrictos términos autonómicos en el peor sentido del término, y gran parte de su labor ha consistido en perseguir y estigmatizar a dos cirujanos del antiguo equipo del Dr. Arcas, a los que, en un gesto insólito, viene negando durante años la atribución de cirugía cardíaca, mientras la lista de espera crece y crece hasta superar los números que resultan aceptables en cualquier otro lugar. En Valencia, entre 2013 y 2018, pasó la lista de 392 pacientes a 311, con una espera media de 37 días; Murcia pasó de 59 a 166 con una espera media de 122 días. Resultado: entre 5 y 8 pacientes mueren cada año en dicha lista de espera sin asignación de cirujano, mientras dos reputados y capacitados especialistas o se dedican a tareas menores o a ninguna tarea, a consecuencia de la persecución de que eran y son objeto, que ha llegado al extremo de estar cerca de su expulsión a través de expedientes administrativos basados en imaginarios malos tratos infligidos al personal de enfermería. Se confeccionó una supuesta prueba documental. Sólo uno de los más de diez incluidos se negó a firmar la infamia.

Pero hay más. Además de no asignar intervenciones a los dos antes citados hay un tercero, procedente de Alicante, que se prestó al enjuague de venir a través de un más que sospechoso concurso convocado para desplazar a uno de los represaliados, tomó posesión y se fue al poco dejando el puesto vacío, con lo que la falta de cirujanos pasó de dos a tres, lo que añade muertos a la lista de espera.

Mientras todo esto ocurría y los enfermos morían con una cadencia previsible, hubo un mejunje con otro equipo de cirujanos cardiovasculares para realizar operaciones en un hospital privado, a razón de entre 12 y 15.000 euros por intervención, cobrados en negro y sin que el nombre del cirujano – la X de esta historia – figurara en la documentación que necesariamente hay que cumplimentar en toda operación quirúrgica. Olvidaron que otros profesionales, conscientes de la responsabilidad que asumían en una cirugía tan comprometida, sí reflejaron el nombre del interviniente y ahí está la documentación, pendiente de que alguien, desde el SMS o desde el Juzgado de Instrucción competente, impulse una investigación que determine responsabilidades por el irregular y sostenido nombramiento con quebranto grosero de la ley, de las normas de incompatibilidades y de las normas fiscales que obligan a declarar tan cuantiosos ingresos en dinero “B”. Es preciso determinar la responsabilidad en que hayan podido incurrir quienes toleraron la no atribución de intervenciones a dos cirujanos capaces mientras la lista de espera crecía y crece y algunos de los pacientes morían y mueren sin intervención, habiendo profesionales que hubieran podido aliviar la lista y salvar la vida de algunos de ellos. El art. 11 del Código penal es claro en cuanto a la responsabilidad en que incurre quien está en el deber legal o contractual de evitar un resultado y voluntariamente no lo hace .

Podría seguir con algunos aspectos chuscos de la cuestión, como un paciente al que hubo que intervenir dos veces, falsificando las razones de la segunda intervención para camuflar un olvido imperdonable del prebendado. Hay también una exótica cirujana que, después de nueve intentos, consiguió salir de su país, rebotó en Miami y fue finalmente incorporada al grupo con consecuencias imprevisibles de orden personal dentro del mismo. Y alguna cosilla más de la que les daré cuenta si las circunstancias obligan.

La Justicia, instigada o no por el SMS, debe tomar cartas en el asunto e investigar más allá de reñirles por teléfono y dejar que todo fluya según manda el orden corrupto de este país. Si los muertos en lista de espera eran y son en parte evitables es asunto que procede determinar sin demora.

Las responsabilidades son también de orden político. Los sucesivos consejeros de sanidad no pueden decir que no sabían lo que estaba pasando. Y si lo dicen va a dar igual cuando el paciente dos veces operado recientemente y de forma innecesaria se entere de estos hechos y exija conocer por qué fue llevado al quirófano dos veces para una innecesaria intervención con grave riesgo vital. Del olvido hay pruebas radiológicas irrefutables; imagino que el paciente  querrá conocerlas y comentarlas con su abogado. Lo mismo que los familiares de los pacientes que murieron en espera de ser intervenidos, cuando sepan que sí había cirujanos – tres – pero uno se había vuelto a su lugar de procedencia, de donde nunca debió salir, y los otros dos estaban vetados por el responsable de que nadie muriera sin la intervención a que tenían derecho.

¿Puede eludir el SMS la preceptiva investigación? ¿Y la Justicia? Si no se deciden habrá que insistir con datos más precisos. Así que ya sabe el SMS lo que se espera que haga y, si no lo hace, aténgase a las consecuencias. Jurídicas, políticas, sociales…

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