2018: Ocho condenas a España por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Nuestro país comete violaciones a los Derechos Humanos fundamentales, y ello debería llevarnos a la reflexión.

“Los casos descritos parecen señalar que España muestra cierto nivel de reticencia en cuanto a la realización efectiva de algunos derechos relacionados con la disidencia política”

Redacción | Fragmento del Informe de RIS | En el año recién acabado, y basándonos en este artículo de Noelia Tabanera para  el medio Publico, nuestro país ha sido condenado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, hasta un total de 8 veces, por no respetar los Derechos Humanos. Es muy conveniente divulgar estos hechos, porque nos ayudan a valorar la acción de nuestros Gobiernos y de nuestras políticas de un modo objetivo y justo, sin ninguna, digamos, pasión por nuestro país (obsesión a la que nos conminaba el ex Presidente Rajoy en sus mítines, discursos y entrevistas: “España es un gran país”, “No habléis mal de España”,…). Nuestro país comete violaciones, a juicio de este Tribunal, a los Derechos Humanos fundamentales, y ello, en principio, debería llevarnos a una serena pero firme reflexión, en primer lugar sobre lo que ocurre en España, y en segundo lugar, sobre lo que ocurre en el resto del mundo, porque muchas veces emitimos juicios sesgados, o basados en la información deficiente, o incluso pasadas por el tamiz ideológico personal, lo cual, evidentemente, no es un juicio justo, ni real.

Seguiremos brevemente las informaciones del artículo reseñado, para una evaluación lo más completa posible. Se basa a su vez en un informe elaborado y publicado por la ONG Rigths International Spain (RIS, que puede descargarse desde este enlace), y que realiza un análisis de los déficits de nuestro país en lo que a derechos humanos se refiere. RIS ha examinado, entre otros asuntos, las medidas anticorrupción, el racismo y la intolerancia, el tratamiento a los migrantes, o el mecanismo nacional de prevención de la tortura. Un dato curioso es que nuestro país ha sido condenado por el TEDH por la vulneración de derechos similares a los que ya había violado en años anteriores, tales como el uso de malos tratos o tortura, el derecho a un tribunal independiente e imparcial y el derecho a un juicio justo y con todas las garantías, el derecho al respeto de la vida familiar y privada y el derecho a la libertad de expresión. Uno de los casos más relevantes ha sido el del líder de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi, a quien el TEDH dio la razón tras denunciar la “falta de imparcialidad” de la magistrada que lo juzgaba. Otegi y otros cuatro dirigentes abertzales justificaron de forma objetiva sus temores en torno a que los jueces “carecían de imparcialidad en su caso”. El TEDH sentenció que los demandantes habían visto violado su derecho a un juicio justo, uno de los pilares fundamentales de una sociedad democrática. Nosotros recogimos en su día en este artículo la noticia de su liberación.

El informe también recoge el caso de los dos responsables del atentado en la Terminal T4 del Aeropuerto de Barajas, el 30 de diciembre de 2006 (los etarras Portu y Sarasola). Estas dos personas alegaron que sufrieron malos tratos en el momento de su captura y al principio de su detención incomunicada en 2008 por agentes de la Guardia Civil. Según el Informe del RIS: “El TEDH entiende que las lesiones descritas en los informes médicos presentados por los demandantes habían sido causadas durante su custodia por la Guardia Civil”. El tribunal consideró por tanto que dichos malos tratos no habían sido justificados de forma creíble por el Gobierno. “Se había limitado a desestimar las pretensiones de los demandantes sin tener en cuenta si el uso de la fuerza física había sido estrictamente necesario o proporcional”, explica RIS en su informe. En resumidas cuentas, y para este caso, el Estado es condenado por vulnerar la prohibición de la tortura.

Otro caso, esta vez relativo a la libertad de expresión, es el de la condena impuesta a dos ciudadanos de Cataluña por quemar imágenes del Rey en una manifestación convocada durante la visita oficial del monarca a Girona en septiembre de 2007. Para el Tribunal de Estrasburgo se trata simplemente de una crítica política, “y no personal a la institución de la monarquía, en general, y particularmente, al Reino de España como nación”. Concluye de esta forma que en este caso el Estado vulneró el derecho a la libertad de expresión al condenar a los demandantes (por el delito de injurias a la Corona). Esta sentencia constituyó un hito sin precedentes, que puede inspirar la despenalización futura de actos similares, encuadrados dentro del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Pero últimamente, los intentos del grupo confederal de Unidos Podemos de despenalizar estas actitudes han resultado fallidas, al no recibir el apoyo del resto de grupos en el Congreso de los Diputados. Otro caso fue el de las trabajadoras de un supermercado familiar en el que los propietarios, ante la sospecha de que las empleadas podían estar sustrayendo productos, instalaron cámaras de seguridad en el recinto, ocultando algunas de ellas. Según la sentencia del TEDH, la videovigilancia “había incumplido el derecho español en materia de protección de datos, en particular, en cuanto a la notificación”.

Otro caso hizo referencia al incumplimiento por parte del Ayuntamiento de Valencia en tomar medidas adecuadas para “evitar las injerencias en el derecho a la vida privada producidas por el ruido nocturno de terceros en la zona de residencia del demandante”. El Tribunal Europeo consideró que el consistorio valenciano era consciente del volumen del ruido del vecindario y de las molestias que ocasionaba, condenando al Estado como responsable de las lesiones sufridas. También refieren en el informe la condena referida al cálculo de los plazos máximos de cumplimiento efectivo de penas de prisión en España por miembros de ETA, en relación con la posibilidad de que los períodos cumplidos en Francia deberían tenerse en cuenta. El Tribunal de Estrasburgo observó que la decisión de nuestro Tribunal Constitucional de declarar inadmisible el recurso de amparo contra sentencias del Tribunal Supremo, basada en la falta de agotamiento de los recursos ordinarios, había privado a los demandantes de su derecho al acceso a los tribunales. También se menciona el caso de un profesor que fue acusado de acosar a una compañera de trabajo en Castilla y León. La sentencia de este caso fue publicada en la prensa “sin que el demandante tuviera la oportunidad de solicitar que no saliera su nombre”, por lo que el Tribunal Europeo consideró que no se había respetado su derecho a la vida privada. Finalmente, aparece también el caso de la persona que culpó a dos policías de torturas durante el desalojo de un Centro Social en Sevilla y fue condenado por difamación. El TEDH determinó que se había vulnerado su derecho a la libertad de expresión, por lo cual el Estado Español deberá compensarle con 8.000 euros por daños materiales y morales.

Recientemente, los presos políticos catalanes del llamado “procés” enviaron una carta pública denunciando que precisamente la estrategia empleada por el Tribunal Constitucional español es impedirles el acceso a la justicia europea, mediante la admisión a trámite, pero el silencio administrativo indefinido posterior al que somete sus recursos, y es un asunto que próximamente veremos cómo acaba. Finalmente, los expertos de RIS también han valorado muy positivamente la propuesta del actual Gobierno del PSOE de formalizar una Comisión de la Verdad sobre la Guerra Civil y el franquismo, habida cuenta de las peticiones desde numerosas ONG de Foros por la Memoria para organizarlo, y poner un poco de orden en el caos político, histórico y sociológico que aún representa el conocimiento de la dimensión del fascismo franquista en nuestro país. En este sentido, todo paso que demos como sociedad hacia la consecución de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición serán bienvenidas. No obstante, tendencias como las del próximo Gobierno de la Junta de Andalucía, en el sentido de derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática, sustituyéndola por una tal Ley de Concordia Nacional, que continúe enmascarando y justificando este oscuro período histórico, son bastante preocupantes, porque representan pasos atrás en los Derechos Humanos. En fin, volveremos a realizar este análisis a finales de 2019, a ver si hemos experimentado avances.

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