¡¡Stop Desahucios!!
¡¡Stop Desahucios!!

Tras la reforma de la Ley hipotecaria del PP, siguen aumentando los desahucios: la PAH exige la aprobación inmediata de la ILP

Nacional/Social/PAH-Oficial.

Hace ya más de cinco años que la PAH denuncia el ritmo alarmante de desahucios que se producen en el Estado Español. Tras más de 500.000 ejecuciones hipotecarias desde 2008, los últimos datos confirman el fracaso estrepitoso de la ley 1/2013 del PP, aprobada tras rechazar las propuestas de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la PAH, en mayo de 2013. Según datos de la propia banca, sólo en 2013 los bancos se han apropiado de 50.000 viviendas, un 11% más que en 2013. La emergencia habitacional en España es una de las caras mas dramáticas de la crisis: a dia de hoy, el nivel de ejecuciones hipotecarias y desahucios no tiene parangón en Europa. España sigue siendo una anomalía, en la que se ha normalizado la barbarie…

Al drama de los desahucios se suma el escándalo democrático que supone la inexistencia de datos fiables. Los datos sobre desahucios publicados ayer son datos elaborados a través de encuestas a las propias entidades financieras, quienes tienden a minimizar el problema y cuya credibilidad social está bajo mínimos. Resulta vergonzoso que, en un momento de crisis democrática como el actual, en el que hacer frente a la sangría de los desahucios es un clamor popular, los únicos datos disponibles sean los del Poder Judicial (inexactos y genéricos) y los de la propia banca, responsable del desastre y bajo sospecha permanente. Según los datos oficiales, aún no sabemos cuántos menores se ven afectados por estos procesos, ni personas enfermas, ni cuantas personas son realojadas por la administración, ni cuales son las entidades que más desahucian… Los únicos datos existentes sobre estos particulares, los ha recogido la PAH, junto al observatori DESC:Informe de Emergencia Habitacional en el Estado Español con datos inéditos sobre las ejecuciones hipotecarias

A pesar de que los datos de la banca siempre tienden a la baja, sus propias estadísticas confirman el nivel de emergencia habitacional. El Banco de España afirma que sólo en 2013 se perdieron cerca de 50.000 viviendas por impago de la hipoteca, de las cuales la inmensa mayoría (39.000) fueron primera vivienda. En este dato alarmante, no obstante, no se contabilizan los desahucios por impago de alquiler, que van en rápido aumento, y afectan a un número cada vez mayor de la población. 39.000 familias perdieron su casa en 2013 por no poder pagar la hipoteca, mientras los bancos siguen siendo rescatados con miles de millones de euros, amparados por una ley criminal que condena a las familias y defiende los privilegios de las entidades financieras.

De las 39.000 de primera vivienda, la mayoría fueron entregas judiciales (21.000). Es decir, desahucios judiciales. Del resto, 13.178 fueron daciones en pago. Muchas de estas daciones se han logrado gracias a la lucha constante de las PAH y, a pesar de ser una victoria de las familias que lo han logrado, si no han ido acompañadas de un alquiler social (y eso los datos del BDE no lo dicen), son también un desahucio, aunque no conste judicialmente. Llamar a la dación en pago, como hace el BDE, “entrega voluntaria” es un eufemismo de mal gusto. Nadie pierde la propia casa de forma “voluntaria”. La dación en pago, siempre lo hemos dicho, es una demanda de mínimos que permite no ser condenado a la muerte civil con una deuda de por vida, pero que implica la pérdida de la vivienda a menos que vaya acompañada de un alquiler social, tal y como propone la ILP de la PAH que recogió cerca de un millón y medio de firmas.

Hablan los datos: la ley 1/2013 del PP es un fracaso estrepitoso. Es una ley criminal, que permite que sigan aumentando los procesos de ejecución hipotecaria y los desahucios, como no podía ser de otra manera con un norma hecha al dictado de los bancos, que sigue violando derechos humanos y excluyendo a las personas más vulnerables. Como dijimos en su momento esta ley no pretendía proteger a los deudores, sino hacer un muro de contención contra sus legítimas reclamaciones y contra el avance de las medidas respaldadas por una gran mayoría de la población a través de la ILP.

La ILP de la PAH está más viva que nunca, sus medidas son más necesarias que nunca, tal y como demuestran las 214 PAHs que en todo el Estado las aplican día a día en la calle, presionando a los bancos o aplicando la desobediencia civil. Tarde o temprano el Gobierno se verá obligado a aprobarlas, porque sin ellas no sólo se vulneran los derechos de los ciudadanos, sino que será imposible salir de la crisis.Porque es una cuestión de democracia. Hasta entonces, seguiremos defendiendo la dación en pago, la moratoria de los desahucios y el alquiler social en la calle, rescatando personas y señalando responsables.

La semana en la que el BDE publica sus datos, es también la semana de la recta final de la campaña electoral para las europeas. La PAH también ha entrado en campaña, retomando la campaña de escraches para seguir señalando a los culpables de esta situación de emergencia habitacional y de vulneración sistemática de derechos: la #BancaCriminal y el gobierno del PP, que con su mayoría absoluta ha bloqueado nuestras propuestas de mínimos, condenando a miles de personas a la exlcusión. Por eso, con los escraches silenciosos queremos informar a la ciudadanía que votar al PP es votar No a la ILP, es votar desahucios, es votar rescatar a la banca y no a las personas.

Centramos nuestros escraches en el Partido Popular porque es quien, a día de hoy, sigue bloqueando la ILP con su mayoría absoluta en el Congreso. Sin embargo, no olvidamos que el PSOE es igualmente responsable de la mercantilización de la vivienda, de las medidas que incharon la burbuja inmobiliaria. Durante años, PSOE y PP, de la mano como socios, han estafado a la población, han rescatado a la banca, han votado juntos contra la dación en pago en al menos seis ocasiones, han agilizado los desahucios… El 25 de mayo, en las PAH tendremos claro a quien NO votar: ¡ni PSOE ni PP!

Mientras, la sociedad civil organizada seguirá garantizando derechos que el gobierno pisotea, porque ya estamos demostrando que Sí Se Puede, aunque ellos no quieran.

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