"Pa la Saca..."
“Pa la Saca…”

‘Un Real Decreto que ha pasado desapercibido’… ¡¡Esto ya es la descojonación!!

Nacional/Economía/Eduardo Garzón.

El pasado viernes 29 de noviembre, el gobierno aprobó un Real Decreto mediante el cual se autoriza y detalla una nueva ayuda pública a los bancos españoles por valor de 30.000 millones de euros.  Esta ayuda consiste en que el Estado se compromete a respaldar con dinero público una buena parte de los activos fiscales que tienen los bancos en su propiedad.

Pero, ¿qué son exactamente estos activos fiscales?  Diciéndolo llanamente: se trata de bonos-descuento que pueden usar los bancos en el futuro para no pagar impuestos.  Estos bonos-descuento son creados por el Estado y entregados a los bancos cuando se presenta alguna de las siguientes situaciones:

1) El banco presenta pérdidas. 
 Por ejemplo, si un banco obtiene beneficios de 100 euros, tiene que pagar 30 euros a Hacienda en concepto de impuesto de sociedades (porque su tipo impositivo es del 30%).  En cambio, si el banco registra pérdidas de 100 euros, no pagará impuestos y el Estado le entregará un bono-descuento por valor de 30 euros.  Imaginemos ahora que al año siguiente el banco obtiene beneficios de 100 euros.  Sabemos que tendría que pagar 30 euros en concepto de impuesto de sociedades, pero si tiene un bono-descuento de 30 euros entonces puede utilizarlo como pago y así librarse de entregar dinero a Hacienda.

2) El banco guarda parte de sus beneficios y los deja inmovilizados.  Por ejemplo, el banco puede apartar una porción de los beneficios y destinarlos a un plan de pensión privado.  Como este dinero proviene de los beneficios, tiene que pagar impuestos por él.  Pero como en realidad el banco no puede beneficiarse de ese dinero porque está reservado para los propietarios del fondo de pensión, entonces el Estado le entrega un bono-comodín para que en el futuro el banco no pague esos impuestos que ahora está pagando injustamente.  Otro ejemplo, el banco puede apartar una parte de los beneficios y dejarlos inmovilizados con la intención de utilizar ese dinero en caso de que lo necesite en una situación de urgencia (son las llamadas “provisiones”).  De nuevo, el banco pagará impuestos por beneficios aunque no saque tajada de ellos y el Estado le entregará bonos-descuento para compensar ese contratiempo.

Hasta el momento, estos activos fiscales no presentaban ningún problema.  Las legislaciones española e internacional reconocían plenamente esta herramienta sin ningún problema.  Lo que ocurre ahora es que a partir del 1 de enero de 2014 los mercados financieros (atendiendo a las normas bancarias internacionales recientemente acordadas) considerarán esos bonos-descuento como activos de mala calidad, y no de buena calidad como hasta entonces había sucedido.  La razón es que en caso de que los bancos sufran algún contratiempo y necesiten utilizar dinero para solucionarlo, estos bonos-descuento no son nada útiles ya que son simplemente títulos (papelitos que sólo sirven para no pagar impuestos futuros) y no dinero contante y sonante.  Y puesto que los inversores penalizarán a aquellos bancos que no posean una cantidad determinada de activos de buena calidad, el hecho de que ahora de buenas a primeras no puedan contar con los bonos-descuento entre esos activos de alto rango supone un revés bastante importante para estas entidades bancarias.  Por lo tanto, los bancos necesitan aumentar la calidad de estos activos como sea antes de que acabe el año.

Pero, ¿cómo se puede aumentar la calidad de los activos fiscales?  Básicamente existen tres formas: 1) respaldar con beneficios esos activos fiscales, lo que quiere decir que los bancos apartarían parte de sus beneficios (dinero contante y sonante) para fortalecer esos bonos-descuento, 2) pedir dinero (capital) en el mercado de capitales, y 3) que el Estado garantice con dinero público la solidez de los activos fiscales.

Como se puede intuir, la tercera posibilidad es la que recoge el citado Real Decreto.  El gobierno ha decidido que se reserve dinero público para aumentar la calidad de los activos fiscales que poseen los bancos españoles.  Sin embargo, el Estado sólo garantizará los activos fiscales originados mediante la segunda situación comentada arriba.  Los activos fiscales que se hayan generado como consecuencia de que los bancos hayan registrado pérdidas (la primera situación) no van a ser respaldados con dinero público.

Por eso, aunque la cantidad total de activos fiscales en manos de bancos españoles alcanza aproximadamente los 50.000 millones de euros, el Estado sólo respaldará 30.000 millones (los que han sido originados como consecuencia de haber inmovilizado una parte de los beneficios: planes de pensiones, provisiones, etc).  El resto tendrán que ser garantizados mediante las primeras dos opciones planteadas: recurrir a beneficios o recurrir a capital en el mercado accionario.

De esta forma, esos 30.000 millones de euros provenientes del Tesoro Público no serán entregados inmediatamente a la banca.  De momento, sólo están reservados para aumentar la calidad de los activos tóxicos (por lo tanto, y de momento, el déficit estatal no aumentará).  Ahora bien, si los bancos presentan en el futuro pérdidas o se declaran insolventes, entonces el Estado se verá obligado a entregar a la banca parte del dinero (o todo) que por ahora tiene reservado: 30.000 millones de euros.  En ese caso, el déficit del Estado aumentaría en esa cantidad (el total equivale a un 3% del PIB).

Pero aquí no acaba la gracia.  La Troika (el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional) ha dejado claro que esta ayuda no puede afectar sólo a la banca, porque supondría favorecer a un sector empresarial frente a otros.  Por lo tanto, el Estado debe garantizar con dinero público no sólo los activos fiscales de los bancos sino también los del resto de empresas privadas.  Esto quiere decir que todos los “bonos-descuento” que el Estado ha entregado a empresas no financieras (sobre todo, grandes empresas como Telefónica o Endesa) por haber inmovilizado parte de sus beneficios (pagos por prejubilaciones, planes de pensiones para sus empleados, provisiones por morosidad, etc) serán respaldados con dinero del contribuyente.  Si estas empresas presentan pérdidas o quiebran, el Estado les entregará dinero público.

En definitiva, nos encontramos con una nueva cuantiosa ayuda a la banca que se extenderá por ley a las empresas no financieras (y entre ellas, especialmente a las grandes empresas) y que sin ninguna duda mermará todavía más las arcas del Estado.

De La Marea/Canarias-semanal.org

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El Gobierno aprobó el viernes un ‘regalo’ de 30.000 millones para la banca

El ministro de Economía, Luis de Guindos, con la presidenta del ABC, Catalina Luca de Tena, y el presidente de la Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, antes del almuerzo informativo.EFE/J. J. GUILLÉN
El ministro de Economía, Luis de Guindos, con la presidenta del ABC, Catalina Luca de Tena, y el presidente de la Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, antes del almuerzo informativo.EFE/J. J. GUILLÉN

El Gobierno aprobará el viernes en el Consejo de Ministros una nueva legislación para la banca, para aplicar los nuevos criterios de solvencia establecidos en la normativa internacional conocida como Basilea III, que incluirá medidas que permitirán a los bancos españoles reforzar su capital con hasta 30.000 millones de euros.

Concretamente, según ha anunciado el  ministro de Economía, Luis de Guindos, el Ejecutivo aprobará en su reunión semanal el proyecto de ley para la trasposición de una directiva europea sobre solvencia, y, a la vez, un decreto ley para aprobar las cuestiones más urgentes de dicha directiva. Entre ello, el tratamiento de los llamados activos fiscales diferidos, conocidos como DTA’s. Estos activos son unos créditos fiscales, unas cantidades que la banca no pudo restarse en su factura fiscal, pero que funcionan como un derecho futuro contra la Hacienda pública. Se generaron fundamentalmente con las provisiones a las que les obliga la regulación bancaria (cantidades que se reservan para hacer frente a la pérdida de valor de sus activos o a la morosidad), que tienen impacto en las cuentas de los bancos, como si fuera otro gasto más, pero no se pueden deducir en la base imponible del  Impuesto de Sociedades.

Ahora, con la norma que aprobará el Gobierno, que se ha venido negociando con el sector en los últimos meses, el Gobierno reconocerá que parte de esos DTA’s podrán reconocerse como capital de primera calidad (en la línea de medidas similares de países como Italia.), y, por tanto, reforzará los balances de las entidades, especialmente de cara al examen que realizará el BCE en 2014 (y que se hará con las cifras de los bancos a cierre de 2013).  Guindos, que ha participado en un almuerzo organizado por Deloitte, Mutua Madrileña y ABC,  ha estimado que esta normativa reforzará el capital de las entidades financieras españolas entre 25.000 y 30.000 millones de euros.

La banca tiene unos 51.000 millones en DTA’s y el Gobierno le va a reconocer algo más de la mitad

La cantidad que se les va a reconocer, no obstante, no llega a la mitad de lo que reclaman las entidades españolas. La banca tienen unos 51.000 millones de euros en activos fiscales diferidos y llevan meses peleando con Hacienda y el Banco de Epaña para preservar una parte como capital antes de las revisiones de calidad de activos y pruebas de estrés al sector en Europa previstas para el primer trimestre.

Según algunos medios, Bankia y el Banco Sabadell destacan entre las las entidades más beneficiadas por la nueva normativa que aprobará el Gobierno. Estas entidades generaron DTAs en 2012 por las medidas aprobadas en aquel año que obligaron a las entidades a incrementar notablemente la cobertura de los activos inmobiliarios mediante las correspondientes provisiones. Bankia cuenta con unos 8.000 millones en estos activos, y Sabadell, con unos 4.600 millones. Según un informe de Ahorro Corporación, por volumen, el Santander es el que más DTA’s tiene, unos 17.621 millones, aunque con menor peso sobre sus actuales ratios de capital. En el caso de BBVA, estos activos ascienden a 6.741 millones, y en CaixaBank, 6.735 millones. Entre la banca mediana, el Populartiene 2.861 millones y Bankinter apenas 15 millones.

Bankia va a tener “mucho valor”

Además, en el almuerzo informativo Guindos ha asegurado que Bankia va a ser un activo que va a tener “mucho valor” tras su proceso de saneamiento y ha reafirmado que hay alguna muestra de interés en el banco nacionalizado. El ministro ha alabado la gestión del equipo encabezado por José Ignacio Goirigolzarri y ha relacionado la mejora de la percepción de la economía española con la evolución de la entidad nacionalizada.ha puesto en valor el traspaso de activos a la Sareb, además de la inyección de capital de alrededor 22.000 millones de euros.

El titular de Economía no ha entrado en si el Gobierno iniciará la privatización de Bankia el próximo año y se ha limitado a señalar que se tienen que elegir los tiempos “más adecuados” desde el punto de vista de venta parcial o total para recuperar el máximo de las ayudas públicas. Guindos ha confiado en que Bankia ofrecerá “noticias buenas” en lo que se refiere al regreso de la rentabilidad y ha afirmado que esta entidad es la “pieza importante” para culminar el proceso de reestructuración financiera.

Igualmente, el ministro de Economía ha anunciado que el Gobierno aprobará en las próximas semanas una reducción media del 30% sobre las comisiones máximas que aplican las gestoras de planes de pensiones. Esta decisión, según ha explicado el titular de la cartera de Economía, afectará a 4,6 millones de partícipes de fondos de pensiones.

Los cambios de la reforma laboral no afectarán a las prestaciones del paro

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha asegurado que los cambios que incorporará el Gobierno a la reforma laboral no afectarán a las prestaciones por desempleo, pero sí a la contratación. Guindos ha recordado que la OCDE sigue analizando el impacto de la reforma y publicará sus resultados en los próximos días. “Esperamos que sean positivos”, ha dicho el ministro, tras reconocer, sin embargo, que habrá que seguir tomando medidas para mejorar el mercado laboral, que afectará sobre todo a la simplificación de contratos, al contrato a tiempo parcial y a la negociación colectiva.

En cambio, Guindos ha descartado la posibilidad de que estos cambios afecten a las prestaciones por desempleo, aunque sí habrá nuevas medidas para mejorar las políticas activas de empleo y mejorar el acceso al mercado de trabajo.

Preguntado por la ley de servicios mínimos en la que trabaja el Ministerio de Empleo, Guindos ha afirmado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha hecho este encargo “con buen criterio”. “Yo creo que es absolutamente correcto”, ha señalado el ministro, tras recordar lo sucedido con experiencias recientes, en una clara referencia a la huelga de recogida de basuras en la Comunidad de Madrid.

Durante su intervención, el ministro ha resaltado la importancia de seguir con las reformas y con la consolidación fiscal para fortalecer la recuperación, ya que existen las bases para que 2014 sea el primer año de la recuperación.
Sobre las reformas pendientes, Guindos ha recordado que en un par de semanas se aprobarán de forma definitiva algunas normas como la unidad de mercado, la ley de cajas de ahorros o la nueva ley financiera para mejorar la financiación. De la misma forma, el Gobierno llevará al Congreso en las próximas semanas la ley de colegios profesionales y todo que tenga que ver con el perfeccionamiento de la reforma laboral.

Público.es

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