img_6650

“MURCIA ES UN ATAUD”

Región/Corrupción/Social/VMPress.

Un grupo de una quincena de abogados, arquitectos, médicos, periodistas, funcionarios y jubilados de la Región han creado la Asociación ‘Murcia Transparente’, que pone a la disposición de todos los ciudadanos un gabinete jurídico para que puedan denunciar cualquier caso de corrupción del que tengan constancia, conservando el anonimato. Se trata de un proyecto impulsado por el periodista y escritor José Juan Cano Vera, que no pudo asisitir por estar hospitalizado…
Así lo han hecho saber en rueda de prensa el presidente de la Asociación, Antonio Sánchez, junto a los abogados miembros del gabinete, Jorge Eduardo García y Diego de Ramón, quienes han señalado que el objetivo de la asociación es “cambiar la administración pública” para “acabar con la corrupción” y “mejorar el orden moral y jurídico”.

Los ciudadanos que tengan conocimiento de alguna irregularidad o caso de corrupción pueden ponerse en contacto con la Asociación a través de la web ‘http://www.murciatransparente.es’ o través del correo ‘info@murciatransparente.com’, y el gabinete jurídico estudiará caso por caso y llevará adelante los que estime oportuno.

La Asociación está implicada en el proceso judicial que investiga las supuestas “irregularidades” en la gestión de la antigua Caja Mediterráneo (CAM). Por ejemplo, su intención es “investigar los avales o informes de cálculo de riesgo se pidió para otorgar el crédito sindicado de 1.000 millones de euros que se concedió a la empresa Polaris World”.

Asimismo, quiere saber “qué políticos fueron designados en este caso por los gobiernos de Valencia y de Murcia” en las cajas porque, a su juicio, “había una autopista financiera formada por Banco de Valencia, Bancaja y CAM” a la hora de conceder créditos que “no se debían de haber concedido, por presiones e influencias políticas en los consejos de administración”.

Por ejemplo, reprocha específicamente que en el consejo de administración de la CAM estaba el actual consejero de Economía y Hacienda del Gobierno murciano, Juan Bernal, que ahora “alega que no sabía nada de lo que se aprobaba, cuando él es auditor y economista, por lo que no puede esgrimirse la presunción de ignorancia”.

La Asociación también reclama que se investigue “el aeropuerto de Corvera y las recalificaciones que se han hecho en las proximidades, así como las subvenciones que ha dado el Instituto de Fomento (INFO) para comprobar si llega a los pequeños empresarios”. Además, exige una bajada en los salarios de los políticos, porque “no sólo reciben al retribución mensual, sino también por dietas y gastos de representación”.

Nace una asociación que ofrece asistencia jurídica a quienes quieran denunciar casos de corrupción anónimamente

CASOS EN LOS QUE YA ESTÁ PERSONADA

De momento, la Asociación está personada a través de sus abogados en diferentes casos de corrupción, como el caso Umbra que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en el municipio de Murcia y caso en el que está imputado el alcalde de la ciudad, Miguel Ángel Cámara.

Además, la Asociación, a través de Diego de Ramón, está personada en el caso de la ‘Balsa Yenny’, que investiga las presuntas irregularidades en la gestión de este embalse de estériles procedentes de explotaciones mineras. Critica que “la Comunidad recibió fondos europeos para sanear medioambientalmente esta balsa, y ahora la Guardia Civil ha hecho un informe que revela que no se limpió, sino que la basura contaminante se amontonó y ahora representa un riesgo para la población y el medio ambiente”.

Igualmente, De Ramón ha presentado querellas contra el ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, así como contra el ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato, y contra el ex gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, por el denominado caso ‘Bankia’.

Asimismo, De Ramón está presionado en el caso ‘Trimtor’, por el que el ex presidente de la CROEM, Miguel del Toro “recibió un contrato a dedo por los ex consejeros de Educación Juan Ramón Medina Precioso y Constantino Sotoca”. El abogado también está personado en el caso que investiga la desaladora de Cartagena, que “costó 100 millones de euros, pero se firmó un contrato para que los murcianos devuelvan 600 millones”.

Sánchez ha subrayado que ‘Murcia Transparente’ no es una organización política, sino un grupo de personas que, desde hace ocho años, “denuncia hechos como acusación particular”. Ahora, se proponen actuar como asociación, con el apoyo del departamento anticorrupción de la Unión Europea”.

El presidente de la Asociación ha reclamado “un cambio más social en los dirigentes que gobiernan la Comunidad, así como una transparencia real en los gastos públicos y la implantación de la autoridad de la fiscalía independiente de responsabilidad fiscal, como exige Bruselas, y contribuir contra la corrupción colaborando con la Justicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Para ello, emplearán “la denuncia pública y el ejercicio de la acusación particular frente a las actuaciones corruptas de los diversos poderes públicos”, tal y como aparece reflejado en sus estatutos. Para ello, intentarán crear una “conciencia ciudadana” para que la sociedad murciana “participe”.

Han criticado que la corrupción generalizada “tiene un coste social estimado de 40.000 millones de euros en todo el país” y critican “el incumplimiento del compromiso contra la corrupción firmado por España en la Unión Europea y en la ONU”.

“Si los jueces murcianos no aplican la ley de una forma implacable contra la corrupción y los políticos responsables, los ciudadanos podemos acudir a la Unión Europea y a la Agencia de la ONU contra la corrupción para denunciar los casos en los que España no los aplica”, subraya De Ramón.

El abogado ha demandado un cambio “profundo” a nivel político y de la administración de Justicia, del Estado, de la Comunidad y de los municipios grandes. Por ejemplo, ha pedido a los políticos “que den ejemplo y se bajen los sueldos, porque ganan fortunas” mientras “la gente sufre” y los jóvenes “se tienen que ir al extranjero con sueldos miserables.

Por último, De Ramón se ha referido a los últimos casos de concesiones de indultos, que ha calificado de “vergüenza nacional”. Así ha criticado la falta de independencia de la Administración de Justicia de los poderes políticos. “Hace falta que los políticos no intervengan en nada”, ha subrayado.

Anuncios